Tratándose de la democratización de la relación Gobierno – Sociedad y del ejercicio de la participación ciudadana, la experiencia reciente de la Ciudad de México resulta un caso relevante y es, sin duda, un referente importante dentro de la región latinoamericana. Esto se ha hecho notable, primordialmente, a partir de los cambios sustantivos en su régimen interno como capital del país y de la consolidación de una institución gubernamental que es reconocida actualmente como “Gobierno autónomo”. Estos cambios han sido consignados en la Constitución Política de la Ciudad de México, promulgada en 2017. En esta carta constitucional se establece como uno de sus principios rectores que “El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa, representativa y participativa” (Art. 3º.), y se reconoce a esta última como “El derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública…” (Ar. 25)

Las prácticas de participación ciudadana en la capital mexicana no son nuevas, y han transitado en esta ciudad por distintos periodos, no obstante, es a partir de la entrada en vigencia de la Constitución local que el esquema normativo institucional referido a ésta se amplía y diversifica, en una perspectiva de mayor inclusión e integralidad.

Actualmente es posible reconocer en la Constitución importantes avances en esta materia, así como aportes novedosos que abonan a la gobernanza; entre otros: 1. la creación de una política y un ámbito específico de participación ciudadana, antes prácticamente inexistente, que se manifiesta en: diseño institucional, instrumentos y mecanismos expresos, legislación y políticas públicas. 2. el reconocimiento legal de la participación ciudadana como un derecho y en la apertura de la gestión pública a la intervención ciudadana en distintas instancias, y 3. la instrumentación de las prácticas de participación ciudadana en distintos planos y niveles; por una parte, en lo territorial, lo sectorial y lo temático, y por otra, en lo relativo al ámbito de gobierno, en distintas dependencias (Secretarías), niveles de gobierno (central y local) y programas.

Es en la Constitución local donde mayor reconocimiento se ha otorgado a las prácticas participativas y donde se ha consolidado mayormente como derecho y práctica institucional. Aquí se ofrece una visión más integral, abierta y consistente de la PC y se hace explícito el reconocimiento al ejercicio de la participación en tres dimensiones: representativa, directa y participativa; y se hacen confluir diversos elementos, componentes y atribuciones que antes aparecían dispersos en las distintas leyes locales en la materia.

En este documento normativo se consolidan instrumentos como: consulta ciudadana, difusión, rendición de cuentas, contraloría ciudadana, audiencias públicas, asamblea ciudadana, observatorio ciudadano y presupuesto participativo, y se introducen tres nuevos instrumentos: iniciativa ciudadana, revocación de mandato y consulta popular (para temas estratégicos de la ciudad). En referencia explícita a las Alcaldías se introduce la figura del Cabildo, como instancia de contrapeso para el gobierno local.