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diciembre 27, 2019Los combates de los vecinos del Trevi
Adrián Orozco
El Trevi es un edificio de los años 50’s del siglo XX, en un estilo Art Decó sobrio con balcones, esquina redondeada y un remate de pérgola bolada que evoca los estilos dominantes en aquellos años de modernidad, de la cual el Centro Histórico de la Ciudad de México es testigo, ubicado en la calle Colon #1 esquina Dr. Mora en el costado poniente de la Alameda Central. Sus plantas bajas albergan comercios que son referentes históricos y tradicionales del barrio. El “Café Trevi” abrió sus puertas desde 1953. Tiene más de 65 años operando, se encuentra vivo, inmerso en el espacio social contemporáneo. Ha conservado el mobiliario, la iluminación y los murales desde la época de su apertura. Entrar y comer en el Trevi es tener la experiencia de viajar a otro momento del tiempo en el mismo lugar.
Fotografía: Adrián Orozco
Otro de los comercios que los vecinos han llamado patrimonio vivo son las “Tortas Robles”, las cuales, fueron en su origen en 1947 un puesto en las calles Dr. Mora y Av. Juárez a cargo del Sr. Alejandro Robles quien, se muda posteriormente a un local ubicado en la calle Badillo #5, en 1957 su local se traslada a Basilio #10 y finalmente en 1990 se establece en un local del edificio Trevi, a un costado del acceso principal, hoy es atendido por su hija Guadalupe Robles Martínez.
En 2012 el proyecto de rehabilitación de la Alameda Central, marca el inicio de un acelerado proceso de transformación en los usos y funciones del parque y de la dinámica económica alrededor de este, que tiene sus orígenes en acuerdos publico privados y de planeación urbana establecidos una década anterior. Al respecto, anota Delgadillo (2016) que estos son territorios urbanos habitados y vivos que, como el resto de la ciudad son objeto de disputa. Ya que la apropiación, la relación de identidad, el acceso y el disfrute de estos espacios urbanos locales son desiguales entre los distintos actores. A través de procesos que barren la vida y desplaza a sus actores. La rehabilitación del patrimonio urbano es selectiva, lenta, limitada, focalizada y no ha sido integral, pues se continúan privilegiando las acciones físicas en muy selectos territorios urbanos; y la política pública refuerza las tendencias de segregación urbana (Ibíd. 2016).
En 2018, el edificio Trevi es vendido por los hijos de los dueños originales a dos empresas privadas de nombre “Interactiva” y “Público Coworking”. Ésta última es una asociación de jóvenes emprendedores que “lucha por conservar la tradición de barrios y las costumbres contra la gentrificación”, según enuncia su constitución como empresa. Sin embargo, se encuentra asociada a una inmobiliaria que plantea lo contrario: rehabilitar, expulsar y encarecer el costo de las rentas. Estas empresas trabajan juntas a través de un fideicomiso de Banca Mifel, mismo que adquiere el inmueble. Se planea su rehabilitación para ofrecer oficinas en renta tipo coworking, restaurantes gourmet y departamentos para renta temporal a través de un hotel boutique o en plataformas como Airbnb.
En marzo de ese año, 33 familias que habitaban los departamentos fueron instados a desalojar de modo casi inmediato sus viviendas con fecha límite de enero de 2019, mismas que habían ocupado en algunos casos a lo largo de más de 50 años. Este caso, es la evidencia de lo que precisa Pradilla (2018) en cómo, el capital financiero nacional y extranjero (bancos de capital nacional o extranjero, fondos de inversión, fondos de pensiones, grandes corporativos multinacionales, empresarios individuales, etcétera), se asocian, compartiendo sus capitales e intereses, en el suministro de adelantos de capital a los promotores inmobiliarios, frecuentemente asociaciones de empresas locales y trasnacionales, para desarrollar sus proyectos comerciales, hoteleros, de oficinas y vivienda; y concluida la obra, asumen el cobro de la deuda correspondiente los compradores de inmuebles, y para desarrollar otras muchas actividades especulativas a partir de los títulos de propiedad de las viviendas reales o virtuales. La necesidad imperiosa y la dependencia correlativa del capital financiero, estructural al capital inmobiliario, llevan a que sea el primero el que domina y decide qué, dónde, cual inmueble, a qué precio, se construye en nuestras ciudades hoy.
A partir de la solicitud de desocupación y del aviso de límite para el depósito de 80 millones, algunos vecinos han sido desalojados con violencia, otros han optado por dejar sus departamentos, otros negocian con los nuevos propietarios el pago de una especie de liquidación por desocupar de inmediato, y otros han decidido entablar una demanda legal, exigiendo su derecho a la preferencia de partes, sin embargo, aun cuando algunos casos están en proceso o amparados, los desalojos arbitrarios han continuado.
En la Ciudad de México desde hace tres años se ha incrementado el fenómeno del desalojo tipo "de inquilino", según información de la oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat y la 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico. Desde 2014 hasta febrero de 2019, se han realizado 16 mil 646 desalojos con uso de la fuerza pública, más de 3 mil por año. Del 2012 al 2018, en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX se registraron 293 quejas relacionadas con el tema desalojos.
En 2012 el proyecto de rehabilitación de la Alameda Central, marca el inicio de un acelerado proceso de transformación en los usos y funciones del parque y de la dinámica económica alrededor de este, que tiene sus orígenes en acuerdos publico privados y de planeación urbana establecidos una década anterior. Al respecto, anota Delgadillo (2016) que estos son territorios urbanos habitados y vivos que, como el resto de la ciudad son objeto de disputa. Ya que la apropiación, la relación de identidad, el acceso y el disfrute de estos espacios urbanos locales son desiguales entre los distintos actores. A través de procesos que barren la vida y desplaza a sus actores. La rehabilitación del patrimonio urbano es selectiva, lenta, limitada, focalizada y no ha sido integral, pues se continúan privilegiando las acciones físicas en muy selectos territorios urbanos; y la política pública refuerza las tendencias de segregación urbana (Ibíd. 2016).
En 2018, el edificio Trevi es vendido por los hijos de los dueños originales a dos empresas privadas de nombre “Interactiva” y “Público Coworking”. Ésta última es una asociación de jóvenes emprendedores que “lucha por conservar la tradición de barrios y las costumbres contra la gentrificación”, según enuncia su constitución como empresa. Sin embargo, se encuentra asociada a una inmobiliaria que plantea lo contrario: rehabilitar, expulsar y encarecer el costo de las rentas. Estas empresas trabajan juntas a través de un fideicomiso de Banca Mifel, mismo que adquiere el inmueble. Se planea su rehabilitación para ofrecer oficinas en renta tipo coworking, restaurantes gourmet y departamentos para renta temporal a través de un hotel boutique o en plataformas como Airbnb.
En marzo de ese año, 33 familias que habitaban los departamentos fueron instados a desalojar de modo casi inmediato sus viviendas con fecha límite de enero de 2019, mismas que habían ocupado en algunos casos a lo largo de más de 50 años. Este caso, es la evidencia de lo que precisa Pradilla (2018) en cómo, el capital financiero nacional y extranjero (bancos de capital nacional o extranjero, fondos de inversión, fondos de pensiones, grandes corporativos multinacionales, empresarios individuales, etcétera), se asocian, compartiendo sus capitales e intereses, en el suministro de adelantos de capital a los promotores inmobiliarios, frecuentemente asociaciones de empresas locales y trasnacionales, para desarrollar sus proyectos comerciales, hoteleros, de oficinas y vivienda; y concluida la obra, asumen el cobro de la deuda correspondiente los compradores de inmuebles, y para desarrollar otras muchas actividades especulativas a partir de los títulos de propiedad de las viviendas reales o virtuales. La necesidad imperiosa y la dependencia correlativa del capital financiero, estructural al capital inmobiliario, llevan a que sea el primero el que domina y decide qué, dónde, cual inmueble, a qué precio, se construye en nuestras ciudades hoy.
A partir de la solicitud de desocupación y del aviso de límite para el depósito de 80 millones, algunos vecinos han sido desalojados con violencia, otros han optado por dejar sus departamentos, otros negocian con los nuevos propietarios el pago de una especie de liquidación por desocupar de inmediato, y otros han decidido entablar una demanda legal, exigiendo su derecho a la preferencia de partes, sin embargo, aun cuando algunos casos están en proceso o amparados, los desalojos arbitrarios han continuado.
En la Ciudad de México desde hace tres años se ha incrementado el fenómeno del desalojo tipo "de inquilino", según información de la oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat y la 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico. Desde 2014 hasta febrero de 2019, se han realizado 16 mil 646 desalojos con uso de la fuerza pública, más de 3 mil por año. Del 2012 al 2018, en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX se registraron 293 quejas relacionadas con el tema desalojos.
El Centro Histórico presenta entre sus mayores problemáticas, la del despoblamiento, sin embargo, resulta muy contradictorio que la administración local promueva proyectos de inversión sin poner por delante el derecho a la vivienda y la protección a ciudadanos que son desplazados impunemente con el fin de encarecer los costos del suelo o para cambiar usos habitacionales a comerciales y mixtos. Cuando se analizan las motivaciones de los inversores inmobiliarios, señala Chris Hamnett (2003), «el sector privado, con conocimiento de causa, no realiza inversiones no rentables, sin importar lo socialmente loables o deseables que puedan ser…». Quienes invierten en respuesta a los estímulos que ofrecen estas estrategias lo hacen motivados por objetivos que no son ni la generación de empleos, ni el mejoramiento de la calidad de vida de las ciudades de destino, sino, lisa y llanamente, la posibilidad de aprovechar las ventajas que cada ciudad puede ofrecer para realizar buenos negocios.
Cada día, más administraciones urbanas promueven estrategias, muchas veces mediante ambiciosos programas de cosmética urbana, que se considera un componente imprescindible para promover a la ciudad en la vitrina de la red global de ciudades. Por ello mismo, los destinos inmobiliarios más ofrecidos incluyen escenografías urbanas que buscan mejorar el marketing internacional de la ciudad. Y son justamente esos destinos los que resultan más atractivos para los capitales móviles, teniendo en cuenta los retornos que las propias estrategias de competitividad urbana se encargan de ofrecer. Esto, por supuesto, les otorga poca importancia a temas como la vivienda popular o la infraestructura básica para los sectores más desamparados (Mattos 2007).
Lo anterior muestra un estado de desprotección ciudadana frente a las instituciones y las alternativas son las formas de organización y resistencia para hacer frente a procesos urbanos que vulneran derechos humanos y urbanos, de vivienda, al espacio público y a la ciudad. Se observa el proceso de desplazamiento en formas de desalojo de habitantes por los cambios de uso promovidos por proyectos urbanos que fomentan el ingreso de capital sin considerar la protección y el derecho a la vivienda mediante una política fuerte y articulada.
Ante esta problemática la ciudadanía se organiza. En abril de 2018, posterior al aviso de desalojo del edificio Trevi, Carlos -un joven periodista y entusiasta vecino de este edificio- lanza una amplia convocatoria en redes sociales con el lema “Detengamos la Gentrificación!, asiste a una reunión vecinal para platicar los problemas del Centro Histórico”. A partir de este momento y de modo más o menos permanente, se inicia la operación de la “06000 Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico”, la cual busca crear comunidad compartiendo herramientas, preocupaciones e ideas para encontrar soluciones. Se comienza a abrir un espacio donde se puede visibilizar, compartir experiencias, fortalecer redes amplias y hacer una comunidad que pueda hacer frente a los procesos de transformación y expulsión. También con el propósito de convertirse en un espacio de resistencia, generar auto-diagnósticos, propuestas alternativas y tener una voz fuerte y consensuada de interlocución con las autoridades.
Cada día, más administraciones urbanas promueven estrategias, muchas veces mediante ambiciosos programas de cosmética urbana, que se considera un componente imprescindible para promover a la ciudad en la vitrina de la red global de ciudades. Por ello mismo, los destinos inmobiliarios más ofrecidos incluyen escenografías urbanas que buscan mejorar el marketing internacional de la ciudad. Y son justamente esos destinos los que resultan más atractivos para los capitales móviles, teniendo en cuenta los retornos que las propias estrategias de competitividad urbana se encargan de ofrecer. Esto, por supuesto, les otorga poca importancia a temas como la vivienda popular o la infraestructura básica para los sectores más desamparados (Mattos 2007).
Lo anterior muestra un estado de desprotección ciudadana frente a las instituciones y las alternativas son las formas de organización y resistencia para hacer frente a procesos urbanos que vulneran derechos humanos y urbanos, de vivienda, al espacio público y a la ciudad. Se observa el proceso de desplazamiento en formas de desalojo de habitantes por los cambios de uso promovidos por proyectos urbanos que fomentan el ingreso de capital sin considerar la protección y el derecho a la vivienda mediante una política fuerte y articulada.
Ante esta problemática la ciudadanía se organiza. En abril de 2018, posterior al aviso de desalojo del edificio Trevi, Carlos -un joven periodista y entusiasta vecino de este edificio- lanza una amplia convocatoria en redes sociales con el lema “Detengamos la Gentrificación!, asiste a una reunión vecinal para platicar los problemas del Centro Histórico”. A partir de este momento y de modo más o menos permanente, se inicia la operación de la “06000 Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico”, la cual busca crear comunidad compartiendo herramientas, preocupaciones e ideas para encontrar soluciones. Se comienza a abrir un espacio donde se puede visibilizar, compartir experiencias, fortalecer redes amplias y hacer una comunidad que pueda hacer frente a los procesos de transformación y expulsión. También con el propósito de convertirse en un espacio de resistencia, generar auto-diagnósticos, propuestas alternativas y tener una voz fuerte y consensuada de interlocución con las autoridades.
Fotografía: Adrián Orozco
La organización trabaja fuertemente y se hace visible a través de las redes sociales, en chats de grupo y a través de denuncias en Twitter o Facebook, notas periodísticas, entrevistas, ruedas de prensa o algunos actos de gran cobertura mediantica como el que se organizó en septiembre de 2018, donde Culinary Backstreets patrocinó el evento de protesta “#TortasPaLaBanda, #SaveRobles”, que se constituye como una forma creativa de resistencia ante el desalojo, y el riesgo de desaparición de uno de los locales tradicionales que se encuentran en la planta baja del edificio Trevi. El evento convoca a vecinos del Centro y población general a asistir a la torería de 1 a 2 de la tarde para comer una torta de modo gratuito, tomarse una selfie y subirla a las redes, incluyendo los hashtags del evento, como una forma de mediatizar la protesta por la desaparición y el desplazamiento del que son víctimas, tanto este local como los habitantes del edificio.
Los vecinos organizados han extendido sus redes, se han capacitado y libran batallas en lo legal, pero han podido sobre todo, poner en la discusión pública el tema de los desalojos, llevando el caso del Trevi a una difusión y coberturas de gran alcance. Se han constituido como una cyber ciudadanía organizada y de gran alcance que hacen uso de formas creativas e innovadoras para resistir.
Los vecinos organizados han extendido sus redes, se han capacitado y libran batallas en lo legal, pero han podido sobre todo, poner en la discusión pública el tema de los desalojos, llevando el caso del Trevi a una difusión y coberturas de gran alcance. Se han constituido como una cyber ciudadanía organizada y de gran alcance que hacen uso de formas creativas e innovadoras para resistir.
Fotografía: Adrián Orozco
Adrián Orozco
Soy arquitecto paisajista, maestro y candidato a doctor en Urbanismo por la UNAM, inclinado al campo de la sociología urbana. Interés en el diseño urbano, la gestión e implementación de una política urbana articulada, integral, incluyente, democrática y participativa en materia de espacio público.
